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Las organizaciones señalan que aún no existe un rechazo a la exploración porque no se consultó.
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El Gobierno inició la exploración petrolera de la amazonia andina sin contar con el permiso de las organizaciones de los pueblos originarios mosetenes, lecos, tacanas y chimanes, vulnerando el artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo 29033. Los indígenas impugnan el permiso ambiental otorgado a Petroandina SAM porque pone en riesgo el ecosistema.
Así lo denunció el secretario de Recursos Naturales de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lorenzo Paredes, quien señaló que el Ministerio de Hidrocarburos consiguió la aprobación para la licencia ambiental de dirigentes de las comunidades Covendo, Santa Ana, Villa Concepción, San José y una parte de Lecos Larecaja en una negociación directa, pero no consultó con la Organización de Pueblos Indígenas Mosetén (OPIM) y Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL).
Ambos pertenecen a la CPILAP, que, a su vez, es parte de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), a las que tampoco se tomó en cuenta.
El presidente Evo Morales reiteró el 16 de julio que “existen organizaciones no gubernamentales (ONG) que dicen amazonia sin petróleo”.
La OPIM tiene afiliadas a las comunidades de Simaty, Santa Ana y San Pedro; PILCOL, a 30, y CPILAP, a ocho pueblos indígenas.
La Prensa buscó al ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, pero en su Dirección de Prensa señalaron que se explicará el asunto el domingo en la radio del Estado. También se buscó al viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos, pero en la oficina de Relaciones Públicas afirmaron que es un “tema delicado”.
El artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos indica que “los procesos de consulta establecidos en el presente capítulo (De los derechos a la consulta y participación de los pueblos campesinos, indígenas y originarios) se realizarán con las instancias representativas de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y originarios, independientemente de su tipo de organización, respetando su territorialidad, sus usos y costumbres, siendo nulo cualquier otro tipo de consulta, individual o sectorial”.
A su vez, el artículo 6 del Decreto 29033 dice que “las instancias de representación en el proceso de consulta y participación para actividades hidrocarburíferas son las instancias orgánicas a nivel nacional, departamental, regional y local”.
El 1 de julio, los ministros de Hidrocarburos y de Medio Ambiente y Agua, Óscar Coca y René Orellana, respectivamente, comunicaron la entrega de la licencia ambiental a Petroandina SAM para explorar en el bloque Lliquimuni del norte de La Paz, en su segunda fase.
El bloque comprende parte de la localidad de Caranavi y Larecaja, la parte norte de Sud Yungas, la zona colindante con el parque Madidi, y el área protegida de Pilón Lajas.
En la ocasión, Orellana señaló que se hicieron “rigurosas recomendaciones” a la empresa exploradora para trabajar sin afectar el medio ambiente y, sobre todo, a los indígenas de la región. “La licencia prohíbe, además, afectar áreas protegidas y nuestro Ministerio hará seguimiento para que se cumplan las observaciones planteadas a la empresa”.
Trabajos
Petroandina inició la primera fase de exploración en octubre de 2008, y en la segunda, con la licencia, Petroandina hará la sísmica con el proceso 2B, que según el Gobierno es menos agresivo.
Sin embargo, la coordinadora nacional del Foro Boliviano Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, explicó que esta etapa “es la actividad más impactante de la exploración petrolera” porque “se trazan líneas rectas, que a lo largo implica realizar una deforestación de 1,5 metros de ancho para que se pueda hacer huecos en donde explota la dinamita”.
A partir de ese proceso se trata de ubicar los pozos de los yacimientos para instalar el de extracción del petróleo.
Lo que más daño causa, dijo, es que “el barrido de la línea tiene que pasar por donde tenga que hacerlo, es decir sobre un pueblo indígena, un área protegida, una cancha o una iglesia”.
Frente a esta situación, el 2 de julio, el presidente de la CPILAP, José Ortiz, junto con otros representantes de los pueblos tacana, Simay, la OPIM y la PILCOL, presentó ante el Ministerio de Hidrocarburos la impugnación a la otorgación de la licencia ambiental a Petroandina.
En el documento, las organizaciones dicen que no se respetó el Estatuto Orgánico del Pueblo Mosetén y se realizaron “reuniones irregulares” porque no se comunicó a las representaciones oficiales, como la OPIM y la CIDOB.
Además, en una reunión de tres horas y diez minutos del 13 de junio se explicó a la comunidad de San pedro de Cogotay un proyecto petrolero completo con mapas, planes y convenios, y de ella salió el acta de consulta y participación que usaron para obtener la licencia ambiental.
Paredes sostuvo que con el reclamo no se está en contra de la exploración, sólo se pide que se cumpla la ley y el procedimiento de consulta. Aseguró que de esa forma se harán asambleas de comunidades para lograr una decisión que puede ser el rechazo o la aprobación, pero “eso no se puede saber si no se explica”.
Una resolución del Encuentro Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas del país, del 8 de julio, rechazó en su artículo 4 las acciones del Ministerio de Hidrocarburos para reunirse con mosetenes y lecos sin respetar a sus organizaciones.
Molina dijo que el norte de La Paz es la región más importante para el ecoturismo porque posee una reserva biológica que serán dañada con el ingreso de la petrolera para realizar trabajos de sísmica.
El bloque no tiene expectativas
El bloque Lliquimuni, en el norte de La Paz, no tiene expectativas de desarrollo para la producción de diésel y gasolina natural porque pertenece a la misma formación que el campo Camisea, en Perú, de la cual su certificación estableció que su reserva es menor a las expectativas.
La coordinadora nacional del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, explicó que en un diálogo con expertos del área petrolera, entre ellos el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Enrique Mariaca, le dijeron que la zona es petrolera, pero no de un producto pesado, para obtener diésel, sino liviano.
En una declaración anterior, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, comparó la zona norte de La Paz con el de Camisea de Perú. Sin embargo, el sitio hidrocarburosbolivia.com publicó una nota en la que se informa que en ese bloque Perú certificó menor cantidad de reservas a las esperadas.
Molina señaló que el petrolero afecta a otros rubros económicos, como el turismo etnoecológico, que se desarrolla en una zona que depende de esta actividad. Por ejemplo: Mapajo, la zona indígena de Pilón Lajas, territorio de los mosetenes y chimanes, a cuyo límite llega la exploración; San Miguel del Bala y Chalalán, en el parque Madidi, y otros pueblos indígenas que hacen convenios con las operadoras turísticas para que los extranjeros puedan visitar ciertos lugares y así obtener pequeños ingresos.
El gerente de la Cooperativa de Chocolates El Ceibo, Abraham Apaza, hizo conocer su temor de ver afectada su producción orgánica de cacao, es decir sin químicos, por el uso de los explosivos que dañan el suelo, lo cual repercutirá en sus exportaciones.
El Ceibo produce 700 toneladas de cacao en Alto Beni y exporta el 50 por ciento, y tiene 49 socios que abarcan 1.200 familias.
La estatal perforará primer pozo
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que tiene presupuestada una inversión de 16 millones de dólares para perforar en 2009, por primera vez en 15 años, un pozo petrolero.
La perforación se iniciará entre noviembre y diciembre en el municipio de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, y llevará el nombre de Itaguazurenda-X3.
Según YPFB, se trata del primer proyecto que permitirá la reanudación de este tipo de operaciones en la compañía, después de la nacionalización del sector decretada por el presidente Evo Morales en 2006.
La estatal petrolera prevé contratar a 90 personas para la perforación de ese pozo hasta 2010.
Antes de su privatización en la década pasada, YPFB había perforado 1.731 pozos por su cuenta, cubriendo un área que representa un 17 por ciento del territorio nacional.
La empresa anunció, además, que tiene un plan de inversión para este año destinado a las áreas de exploración, prospección y producción, por un monto de 87,7 millones de dólares.
Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), en 2008 se perforaron cuatro pozos en el país; dos exploratorios (Río Seco X-1 D, por Pluspetrol, en Santa Cruz; e Ingre X-1, por Petrobras, en Chuquisaca), y dos pozos de desarrollo, en los que se encuentran Percehles 1003, en Santa Cruz, y Kanata, en Cochabamba, a cargo de Chaco.
En contraste, Argentina impulsó 1.105, Colombia 82, Perú 153, lo cual demuestra que no fue el año de la esperada reactivación del sector como se anunciaba desde el Ejecutivo.
De acuerdo con datos oficiales, la inversión y producción de hidrocarburos rondó por los 300 millones de dólares.
Antecedentes
En octubre de 2008 se dio inicio a los trabajos de exploración en el norte de La Paz con la detonación de explosivos a una profundidad de 400 metros.
La perforación inicial, de la que estuvo a cargo el presidente Evo Morales, se hizo en el bloque Lliquimuni, en la comunidad Achiri, a 11 kilómetros de la población de Caranavi, a 164 kilómetros de La Paz.
El proyecto incluye a cinco bloques, que serán explorados y posteriormente explotados: Lliquimuni, Madidi, Chepite, Sécure y Chispani, todos en los departamentos de La Paz, Beni y Pando.
La inversión calculada para la primera fase alcanza a 100 millones de dólares de un total de 300 millones de dólares para los cinco bloques. Se generarán 600 empleos en 14 meses de trabajo.
El estudio en el bloque Lliquimuni abarcará las provincias Larecaja, Sud Yungas y Caranavi, que comprende los municipios de Guanay, Caranavi, La Asunta y Palos Blancos.
Para el proyecto, Petroandina movilizó personal y equipos y en la zona se prevé la realización de trabajos de topografía y habilitación de líneas sísmicas; perforación de pozos, tendido de cables, y registro de datos en unidad computarizada y posterior abandono de la zona.
El Gobierno aseguró que los recursos provenientes de la explotación se invertirán en carreteras, centros de salud y educación.
Previamente a la realización de los trabajos, en junio de 2008 YPFB firmó con PDVSA un acuerdo de intenciones.
En julio, el presidente Evo Morales visitó la población de Maravillas, situada en Azariamas, provincia Franz Tamayo de La Paz (Parque Nacional Madidi), donde pudo verificar emanaciones de petróleo, tal como mostraron antes pobladores y la Prefectura.
La Paz aspira a explotar petróleo en su territorio para beneficiarse de regalías que impulsen su desarrollo.
Más datos
Petroandina es una sociedad conformada por la estatal YPFB y PDVSA de Venezuela.
El consorcio subcontrató a la firma Geokinetics para trabajos de sísmica.
La estatal también explotará petróleo en el norte de La Paz con Jindal.