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Todos tenemos derecho a una vivienda digna, la que incluye la protección contra el desahucio.
Este derecho es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, cada año aproximadamente 15 millones de personas son desalojadas por la fuerza de sus hogares, comunidades y tierras para realizar proyectos de desarrollo, como las minas, los oleoductos y los gasoductos, las carreteras, las mega-represas y los puertos. Los impactos indirectos de estos proyectos, los que incluyen la especulación inmobiliaria, cambios en el uso de la tierra y la contaminación del medio ambiente, amplían aún más el número de desplazados.
Aunque el reasentamiento puede ser necesario en circunstancias excepcionales, la adquisición de tierra y los desahucios forzosos provocados por el desarrollo suceden en gran parte de una manera que no respeta los derechos humanos y que provoca un mayor empobrecimiento de los afectados. Por ejemplo, entre 2003 y 2005, un proyecto de transporte urbano financiado por el Banco Mundial en Mumbai desplazó más de 100.000 personas, quienes fueron reubicadas a lugares que carecían de acceso a agua, alcantarillado y otras necesidades básicas.
El reasentamiento suele traer consigo corrupción atroz y el uso o la amenaza de violencia para forzarles a abandonar sus casas. Las personas impactadas por el reasentamiento enfrentan muchos riesgos específicos y bien documentados como: el estar sin hogar; la pérdida de medios de subsistencia; la inseguridad alimentaria; el trauma psicológico; las repercusiones negativas en la salud, especialmente entre las mujeres y los niños; la marginalización económica y cultural; y la desintegración social.
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