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Cuarenta organizaciones de sociedad civil hondureñas e internacionales han firmado una declaración denunciando la respuesta de la Corporación Financiera Internacional (CFI) a las conclusiones altamente críticas de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) respecto a la inversión de la CFI en la Corporación Dinant en Honduras, lo que está relacionado con graves abusos de derechos humanos, incluyendo los asesinatos, secuestros y desalojos forzosos de campesinos.
La investigación es una de las más condenatorias jamás publicadas por este mecanismo de rendición de cuentas, y concluye que la CFI, división del Banco Mundial de préstamos al sector privado:
Una niña en Bajo Aguán. Foto: HondurasDelegation.
- No cumplió con sus propias políticas para la protección de comunidades locales y dejó que la Corporación Dinant violara esas salvaguardas durante los últimos cinco años;
- No fue capaz de detectar, o ignoró de manera intencional, el grave contexto social, político y de derechos humanos en el que esta corporación ha estado operando, o en los casos que identificó, no actuó efectivamente en reacción a esa información;
- No divulgó información vital del proyecto, no consultó con las comunidades locales y no identificó el proyecto como una inversión de alto riesgo, a pesar de la información pública que estaba ampliamente disponible en el momento en que se realizó la inversión.
La CAO determinó que estos fracasos surgió, en parte, por incentivas al personal “a subestimar, no manifestar o, incluso, ocultar posibles riesgos ambientales, sociales y relacionados con conflictos”, y que el personal se sentía presionado a “prestar dinero” y los funcionarios que “hacen olas” se veían desfavorecidos.
La investigación de la CAO revela una de las inversiones más atroces en la historia de la CFI. Con razón, dichos resultados deberían provocar agitaciones dentro de las instituciones, así como un reconocimiento de culpabilidad, un compromiso con investigación y reforma y una disculpa y reparaciones a las comunidades afectadas que han sufrido a manos del cliente de la CFI.
“La tierra para quien la trabaja. ALTO al hostigamiento contra los campesinos de Bajo Aguán”. Foto: Sandra Cuffe.
Sin embargo, a pesar de la investigación de la CAO que demuestra errores graves y sostenidos en el tratamiento del caso por parte de la CFI, la respuesta oficial de la CFI es superficial y sus acciones propuestas son totalmente inadecuadas. Frente a la pruebas reunidas por la CAO, que señalan problemas sistemáticos y pueden indicar negligencia por su parte, la CFI no sólo se niega a abordar estos asuntos sistemáticos, pero los agrava con nuevos intentos de tapar sus errores. En su respuesta, la CFI rechaza algunos de los hallazgos de la CAO, sin especificar cuáles ni mostrar pruebas para apoyar su rechazo. La CFI también consta que el Plan de Acción está sujeto al acuerdo de Dinant. También es motivo de gran preocupación el hecho de que la CFI sigue negando que abusos de derechos humanos puedan haber sido cometidos por su cliente en Bajo Aguán, así como la denegación de que la raíz de estos abusos sea un largo conflicto sobre derechos de tierra.
Organizaciones de sociedad civil ahora demandan:
- El reconocimiento por el director general de la CFI, Jin Yong Cai, de los muchos errores documentados por la investigación de la CAO;
- La retirada inmediata del Plan de Acción y la respuesta de la CFI. En su lugar, la implementación de un mecanismo de consulta que involucre las organizaciones de campesinos en el desarrollo e implementación de un plan de acción mucho más amplio y fuerte para corregir las deficiencias destacadas por la CAO;
- La suspensión de cualquier nuevo desembolso a la Corporación Dinant, incluyendo el segundo tramo pendiente de US$15 millones, y la abstención de retomar la financiación hasta que a) los autores materiales e intelectuales de los crímenes y violaciones de los derechos humanos contra los campesinos organizados y sus defensores en Bajo Aguán se hayan llevado ante la justicia. Si Dinant es declarada responsable de cualquiera de estos crímenes y violaciones de derechos humanos, la CFI debe terminar su relación con Dinant de manera inmediata; y b) una resolución amplia, justa, pacífica y sostenible esté acordada para solucionar los conflictos sobre los derechos de tierra entre la Corporación Dinant, el estado de Honduras y los movimientos locales de campesinos;
- Una investigación independiente iniciada por Presidente Kim sobre los fundamentales motivos sistémicos identificados por la CAO por los incumplimientos graves y reiterados con las normas de la CFI por parte del personal. Esta investigación debe proponer también medidas para abordar y corregir estos incumplimientos sistémicos, que no se limitan a solo este caso. También debe proponer medidas que incentiven al personal de la CFI para que trabajen hacia los dos objetivos institucionales de eliminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en vez de solo “prestar dinero”. Más concretamente, debe abordar lo que la CAO llama una cultura de aversión al riesgo en la CFI, en que “la responsabilidad por los resultados se define principalmente en términos financieros, el personal se vea impulsado a ignorar, omitir o incluso ocultar posibles riesgos ambientales y sociales”.
- Un compromiso de llevar a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos en países de alto riesgo y en los con una cultura documentada de impunidad, y un compromiso de considerar en estas evaluaciones los hallazgos de los órganos de monitoreo de los derechos humanos de la ONU, así como sistemas regionales de derechos humanos.
Recursos:
Investigación de la CAORespuesta de la CFI (en inglés)
Declaración de organizaciones de sociedad civil (en inglés)